Sin duda ésta es una lectura
atípica. La Lomce entrará en vigor dentro de pocos meses cuando escribo esto y
se pasó a cada uno de los ciclos de mi colegio este libro, que contiene varios
textos, cada uno de diferente autor, que analizan la nueva ley y destacan y
comentan algún aspecto que resulta novedoso e importante.
Animo al lector a que tenga en
cuenta lo que aquí escribo con escepticismo, pues puedo olvidar con facilidad
lo que leo, en particular cuando no me interesa de modo especial. Lo que este
libro señala es, se entiende, aquello que de nuevo respecto a la ley anterior
contiene y ofrece. Me referiré en particular a la educación primaria, que es la
etapa en la que yo trabajo.
Siendo así, me queda la sensación
de que poca cosa de provecho se podrá sacar, y lo que pudiera ser buenas ideas
se quedarán en agua de borrajas. Me explico.
Las novedades principales son,
primero, unas pruebas de diagnóstico que se efectuarán en tercero y sexto de
primaria. Tienen como objetivo estudiar la asimilación de competencias por
parte de los alumnos, en particular las lingüísticas y matemáticas, para que si
se detectan carencias el profesorado planifique un plan de actuación que
propicie la evolución positiva del niño. La idea, en sí, quizá no sea mala,
pero se queda a mitad si la ratio profesor / alumno va a seguir siendo la misma
y las horas de apoyo para el tutor también. Y no es esto un comentario
gratuito, pues la excusa principal para crear una ley que busca mejorar la
calidad de la educación son los análisis internacionales, o sea, PISA
principalmente; y si es tan importante (lo cual es otro tema) parecerse a
Finlandia, es legítimo que el profesorado desee tener las mismas condiciones de
trabajo que en ese país, es decir, 15 alumnos como mucho por aula o un
segundo profesor a partir de 16 niños. No 25 y con apenas dos horas de apoyo
semanales con un compañero que a menudo no viene porque tiene que sustituir a
un profe enfermo. También es interesante señalar que, aunque vamos a ser
optimistas en cuanto a este punto, la administración podrá perfectamente saber
qué aula y qué profesor saca mejor o peor calificación en dichas pruebas de
diagnóstico, aunque no pueda publicar información con nombre y apellidos… Sí
publicará los datos generales de cada colegio, así que preparaos para resistir
las comparaciones.
En segundo lugar, se enarbolan
los estándares de aprendizaje y la rendición de cuentas (del profesorado) como
maneras de mejorar la calidad de la educación. Lo de los estándares queda poco
claro por mucho que se lea sobre ellos; probablemente los profesores no
lleguemos a entenderlos antes de que la ley sea evaporada democráticamente. En cuanto a la rendición de cuentas, se trata
en esencia de tener que explicar con pelos y señales los porqués de nuestras
actuaciones: por qué tales medidas con tal alumno, por qué tal plan tutorial,
etc. De nuevo, presión en el profesorado. Podría, quizá, pensarse que la medida
en sí puede ser buena, aunque desconfiada; sin embargo, volvemos a lo mismo de
antes: ¿cuándo lo hará el maestro? La rendición de cuentas, que se entiende que
se deberá hacer ante el servicio de inspección cuando lo solicite o anualmente
como nueva costumbre, se traducirá con toda seguridad en más papeleo. Piense quien
esté leyendo esto que en su trabajo le piden que no solo haga su trabajo sino
que además escriba todo lo que hace, señale los objetivos, explique cómo
evaluará a sus clientes y a sí mismo, etc. Agotador. Pues ahora aún se nos
pedirá, parece, más detalle. Si eso va a repercutir en la mejora del sistema
educativo, que es mucho suponer, cabría plantearse en qué momento de las
escasas horas semanales para programar, preparar material y reunirse se
entiende que el maestro va a hacerlo. Tendrá el gobierno que sacar nuevas
noticias en los medios de comunicación que insistan en la demagogia de las
vacaciones de los maestros; si no, complicado.
Una tercera novedad es que el
director del colegio puede ser alguien digamos externo a él, de modo que ejerza
una labor controladora sobre el profesorado. También tendrá más poder puesto
que el consejo escolar pasará a ser un organismo en el que las familias poco
más podrán hacer que escuchar y opinar pero no decidir.
Y por último, se plantean
múltiples opciones diversificadoras para que todos los alumnos, con mejores o
peores capacidades, tengan un camino que seguir y no abandonen el sistema
educativo. La idea, en principio no del todo mala si se quiere, se ve empañada
porque alguno de los artículos menciona que esta ley da un paso atrás al tener
poco o nada en cuenta el informe Warnick –si no me equivoco en el nombre-, de
hace ya unas décadas, que amplía las razones por las que un alumno puede tener
necesidades educativas especiales.
En definitiva, al leer este texto
uno no encuentra novedades llamativas que inviten a pensar que la ley aportará
algo de provecho, salvo un deseo de controlar al profesorado y de revisar la
evolución académica del alumno para poder pedirle al profesorado que tome
medidas correctoras. Evidentemente, como en todas las profesiones, habrá maestros
que trabajen de modo mejorable; pero la ley transmite la sensación de que si el
sistema educativo no es mejor es, principalmente, porque los maestros no están
haciendo todo lo posible. O, también se permite pensar, porque el alumno no tiene
el interés o la capacidad suficiente.
De modo que quien desee una ley
de educación fruto del consenso, en este texto no la encontrará.
